En un reportaje especial sobre las cárceles de Colombia, se revela el sorprendente funcionamiento del mercado de celulares dentro de estas instituciones. La corrupción en el cuerpo de guardia, la falta de equipos para el control y la escasez de personal para las requisas son algunas de las razones detrás del alarmante número de teléfonos en manos de los reclusos.

En la cárcel Villahermosa de Cali, conocida como ‘el aeropuerto’, la situación alcanza niveles extraordinarios. Todas las noches, drones ingresan al recinto para descargar una amplia gama de productos, desde alimentos hasta drogas y celulares. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por evitarlo, existe el temor de que estos dispositivos también puedan transportar armas, aunque hasta el momento no se ha confirmado.

«Hemos solicitado directrices para enfrentar estos casos porque estamos limitados. No sabemos qué hacer frente a los drones, ni tenemos los medios tecnológicos para hacerles frente», comenta Hernando Chicaiza, miembro del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios. Su colega, el dragoneante Héctor Fabio Salas, agrega la necesidad de capacitación e inversión en tecnología para abordar esta problemática.

El mercado de celulares en las cárceles colombianas es vasto. Según Camilo Umaña, Viceministro de Política Criminal, en 2023 se decomisaron cerca de 30 mil celulares en todo el país, además de 55 mil simcards. A pesar de que en teoría está prohibido que los reclusos posean estos dispositivos, su presencia es casi omnipresente, lo que ha dado lugar al aumento de las llamadas extorsivas desde las cárceles y la coordinación de actividades delictivas desde el interior de estos establecimientos.

Las formas de introducir los teléfonos en las cárceles son variadas y creativas. Desde el ingreso por parte de visitantes, hasta el pago a guardias penitenciarios para evitar confiscaciones. En algunos casos, los propios internos los introducen durante permisos de salida.

La falta de personal y recursos dificulta aún más el control de estas situaciones. En promedio, por día de visita, ingresan alrededor de 600 personas a las cárceles, lo que supera la capacidad de las autoridades para realizar requisas exhaustivas. Además, la falta de equipos electrónicos adecuados complica aún más la detección de dispositivos ilegales.

En medio de esta crisis, los sindicatos del Inpec han exigido atención por parte del Estado, destacando la violencia contra el personal penitenciario y la necesidad de mejores condiciones laborales y de seguridad. La reciente emergencia carcelaria declarada por el gobierno busca abordar estos desafíos y prevenir actividades delictivas desde el interior de las cárceles, aunque se reconoce que se necesitarán medidas a largo plazo para abordar esta compleja problemática de manera efectiva.