La Personería y la Defensoría del Pueblo han recopilado testimonios de alrededor de 100 familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en la zona rural debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo, durante el transcurso de 2024.

Además, varias familias están confinadas en sus territorios, incapaces de salir debido al temor de minas antipersona, hostigamientos y amenazas. El personero distrital, Edwin Patiño, informa sobre desplazamientos internos en el casco urbano debido a la violencia entre las bandas Shotas y Espartanos, en disputa por el control de rentas ilícitas y rutas del narcotráfico.

El personero Patiño destaca la declaración de 2.757 familias desplazadas de la zona rural, registrando más de 34 desplazamientos masivos en 2023. Los desplazados desean regresar, pero la falta de garantías de seguridad lo impide.

El defensor regional del Pacífico, David Torres, ha recibido declaraciones de 88 familias en El Raposo, una en Yurumanguí y 16 en el área urbana, todas afectadas por enfrentamientos entre grupos ilegales. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) respalda los diálogos de paz en Buenaventura para evitar más afectaciones a la población, señalando la vulneración del Derecho Internacional Humanitario.

A pesar de más de dos años de desplazamiento forzado, la comunidad indígena Wounaan Nonam de Santa Rosa de Guayacán logró regresar a su territorio en la zona rural de Buenaventura, gracias a que la ciudad fue declarada el primer territorio de paz del país. Aunque es la primera en regresar, su gobernador, Quimer Quiro, destaca que la seguridad aún no es plena y solicita respeto por su cultura y vida.

Históricamente, en Buenaventura, cerca de 300 mil personas han salido de sus territorios debido a desplazamiento forzado, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.